La venta de la Casa de San Luis en Buenos Aires y la mentira de la "puntanidad"

«En la actualidad (…) nos preocupa la forma en que el culto a la persona de Stalin ha ido creciendo, el culto en que una etapa concreta empezó a convertirse en la fuente de toda una serie de tergiversaciones graves…».

Discurso del Secretario General del Partido Comunista Ruso Nikita Jrushchov ante los delegados al XX Congreso el 24 de Febrero de 1956 dando comienzo así al proceso de “des-stalinizacion” en Rusia…”.

Introducción:

Desde el 1 de abril pasado, cuando el Gobernador de la Provincia, Claudio Poggi, anunciaba ante la Asamblea Legislativa que una de sus propuestas de gobierno para el año 2024 era “la venta del actual edificio de la Casa de San Luis en Buenos Aires, y con esos recursos reconstruir el Hospital Público de Villa Mercedes…”, inmediatamente se alzaron voces criticando la medida, algunas de ellas argumentando que tal decisión afectaba la “puntanidad”.

Desde luego, y como aclaración previa, toda decisión gubernamental sobre el uso y destino de los fondos públicos es de naturaleza política y, como tal, está sujeta no sólo al análisis de su legalidad sino también a la ponderación subjetiva o discrecional de quien la toma. Analizarla y debatirla públicamente, tanto positiva como críticamente, es absolutamente legítimo. El debate de ideas es una de las características esenciales del sistema democrático, basado en el pluralismo y en su compañero inseparable, la libertad de expresión.

En el caso en análisis –la venta del edificio público de la Casa de San Luis en Buenos Aires–, su debate es legítimo y hasta necesario. Desde aquel anuncio gubernamental hasta su tratamiento legislativo la semana pasada en la Cámara de Diputados, se han expuesto todo tipo de argumentos, tanto a favor como en contra:

Que “San Luis necesita un edificio de esa importancia y jerarquía para su representación en la capital del país”, que “no es necesario; lo que realmente importa no es tanto el edificio sino la calidad del servicio de asistencia social que se presta a los puntanos en tránsito en esa ciudad”; que “mantenerlo implica la preservación de un bien espiritual para San Luis…”;  o que “la venta generará fondos significativos para la reconstrucción del Hospital Público de Villa Mercedes, que es una prioridad para la gente en estos tiempos de crisis que viven los puntanos.”

Todos estos argumentos son legítimos, con los que se puede coincidir o discrepar.

Quien esto escribe coincide con tal decisión gubernamental basado en el argumento que «el gasto público debe ser prioritariamente social, y más en en estos tiempos de crisis». Para decirlo en un lenguaje simple: «si no hay plata y no podemos mandar nuestros hijos a estudiar, no nos queda otra salida -junto a la austeridad del gasto en general- que vender las joyas de la abuela». Necesario e inevitable…

Pero, dado que los puntanos vivimos en un sistema democrático, las decisiones gubernamentales se toman en base al mecanismo de las mayorías. El 11 de junio de 2023, la opinión electoral fue clara al respecto, al igual que la votación afirmativa (24 a 17) de la Cámara de Diputados el miércoles 12 de junio al tratar la “Ley de autorización de venta”. Nadie debería ignorarlo, a riesgo de apartarse del principio democrático.

Los argumentos en contra:

Sin embargo, quiero centrar mi reflexión en dos de los argumentos críticos a tal decisión –la venta del edificio–, basados ambos en que la misma “afectaría la identidad puntana”.

El primero de ellos vincula a ese edificio como una de las causas que favoreció la importante radicación de industrias durante los años 80 y 90. Que, a poco de su compra en octubre de 1984, su existencia fomento o posibilitó el éxito de tal política. Asi se lo explica.

Sobre el  particular debemos decir que todos los puntanos sabemos que eso no fue verdad. Que la mayoría de las decisiones de radicarse esas empresas en la provincia no fueron “acordadas” dentro de esas “cuatro paredes”, sino todo lo contrario. Lo fueron bien lejos de ellas, en estudios de asesores privados, en cercanías de locales comerciales de “marroquinería” y de “mesas de dinero con filiales en la Republica del Uruguay…”.

El otro argumento,  esgrimido por sus críticos, es que su mantenimiento dentro del patrimonio estatal, significaría “la preservación de un bien espiritual…” y que su venta, “afectaría la puntanidad…”.

Sobre este segundo argumento debemos decir que, en los últimos años, la llamada “puntanidad” ha sido un relato político y ficcional del anterior gobierno, utilizado para construir ideológicamente su legitimidad histórica “desde arriba”. Esta construcción facciosa ha distorsionado la historia de San Luis, magnificado ciertos periodos constitucionales –los propios– y mantenido otros en la sombra, como el gobierno de Elías Adre (1973-76) o los de los gobiernos no justicialistas, por citar algunos ejemplos.

Ha sido una construcción discursiva mistificadora, buscando una dominación hegemónica y su correlato el disciplinamiento social e inspirada en el culto a la personalidad de sus gobernantes y la idea que solo ese gobierno nos podía llevar a un destino de grandeza.

Antecedentes y claros ejemplos de ese proyecto de dominación se encuentran fáciles en la historia de la Rusia de Stalin…

En el caso del San Luis de los últimos años, la honestidad intelectual y democrática ha brillado por su ausencia. Intentar vincular, en este caso, un edificio público –por más bello que algunos lo consideren– a la historia principal de la Provincia de San Luis es falso y superficial. No resiste el menor análisis. Es como si se pudiera comparar la Casa de San Luis, en términos de identidad histórica provincial, con la “Casa de Tucumán” donde se declaró nuestra independencia, o con el actual edificio del Museo de la Ciudad de Santa Fe donde se dictó nuestra Constitución Nacional de 1853.

Esa falsa historia de San Luis olvida –y ofende– que los soldados puntanos de la independencia dieron su vida para construir una Nación, y no una provincia separada o supuestamente “superior” al resto de sus hermanas. La epopeya sanmartiniana fue construida entre provincianos hermanos, y no entre supuestas “supremacías” localistas, como se desprende ideológicamente del relato de la supuesta “puntanidad”.

Ejemplo vigente al día de la fecha de tales delirios localistas se puede leer en los diarios afines del anterior oficialismo cuando descalifica a los legisladores puntanos por su lugar de nacimiento.- Racismo provincial le llamamos sus críticos.

Nuestros verdaderos edificios históricos:

Sí merecen nuestro reconocimiento, protección y cuidado aquellos edificios –tanto públicos como privados– donde ha ocurrido gran parte de nuestra historia provincial, como la ex Casa de Gobierno en calle 9 de Julio (más de 100 años de protagonismo en la vida cívica), la Escuelita de Sarmiento de San Francisco del Monte de Oro, el edificio de la antigua Legislatura en calle San Martín (anterior Cabildo), la Iglesia Catedral, la Iglesia del Morro que visitara en Julio de 1823 el entonces sacerdote italiano Giavanni María Mastai Ferreti, años después el papa Pio IX (o Pio Nono) en su camino de Buenos Aires a Chile; las ruinas de la Iglesia de Paso del Rey (la construcción más antigua existente hoy en San Luis), el Convento de Santo Domingo, entre otros.

También edificios privados como la Casa de la familia Pringles, de calle 9 de Julio y Colón; o la de Adaro en calle General Paz y Ayacucho, ambas en esta Ciudad de San Luis; la primera donde nació  y vivió nuestro héroe máximo, o la segunda donde estuvo alojada, a su regreso enferma de Buenos Aires, la esposa del General San Martín, Doña Remedios de Escalada. Todos ellos merecen nuestro reconocimiento y cuidado. Son edificios donde paso nuestra principal historia, no el edificio de la actual Casa de San Luis en Buenos Aires que la carece absolutamente.

Una reflexión democrática:

Para concluir estas simples reflexiones ciudadanas, está claro que la nueva administración se basa en una legitimidad bien distinta de la anterior. Distinta y distante de aquella falsa, facciosa e ideológica “puntanidad”.

Desmontar la simbología de la anterior administración –como proponía Nikita Jrushchov para la Unión Soviética de los años 60– constituye también un incuestionable derecho democrático del actual gobierno.

No sólo es una cuestión de prioridades en el gasto público, sino también la necesidad política de hablar con la verdad y de distinguirse en lo “simbólico democrático”.

(*) Ex legislador provincial – escribano General de Gobierno

Fuente: El texto fue publicado originalmente en el portal DePolitica.com.ar